El Tribunal Supremo ha anulado las costas en los procedimientos tributarios que instauró el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro en diciembre de 2017, ya que las considera una “tasa” o “sanción”. En su sentencia  no se queda solo en anular estas costas,  sino que ha realizado durísimas críticas a Hacienda por promover “inseguridad jurídica” en nuestro país.

 Las tasas instauradas suponían el 2% de la cuantía que se reclamaba, además de un mínimo de 150 euros que se elevaba hasta los 500 si las reclamaciones las resolvia un órgano colegiado en lugar de ser resuelta por un órgano unipersonal.

 El recurso fue interpuesto por la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), y ahora el Tribunal Supremo ha “tumbado” el artículo 52.1 del Real Decreto 1073/2017  que fue aprobado en diciembre de 2017. Esta asociación ya avisó en su momento de que los costes aprobados podrían ser anulados en los tribunales,  pero Hacienda no escuchó  los razonamientos de Aedaf.

 El Tribunal Supremo ha destacado que fijar umbrales mínimos y no máximos resulta disuasorio para los ciudadanos además de ser una práctica desproporcionada.

 Tras la sentencia dictada, Hacienda podría volver a regular estas costas pero según lo dictado por el Tribunal Supremo en ningún caso podrá regularse mediante un decreto sino que deberá hacerse mediante una ley.  Con los cambios políticos sucedidos en nuestro país desde 2017 queda en el aire  lo que pasará definitivamente con estas polémicas tasas.

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