El término de “Economía Colaborativa” se ha hecho muy popular a raíz de la proliferación y el tremendo éxito de APPs o plataformas tecnológicas como Uber, AirBnb, Wallapop o BlaBlaCar, pero ¿Se puede aplicar realmente este término a la totalidad de estas empresas? ¿Están suficientemente reguladas? ¿A la velocidad que avanza la tecnología, llegarán pronto otras aplicaciones que dejaran obsoletas las actuales y plantearán nuevas incógnitas y problemáticas?

  Por lo general se le aplica el término de “Economía Colaborativa” a plataformas donde una persona colabora con otra, y a ambas se les generan algún tipo de beneficio, ya sea económico, un desplazamiento en coche o la estancia en un piso turístico. El éxito de estas empresas es innegable, se estima según los últimos  estudios realizados en nuestro país,  que más de un 50% de españoles  utilizó  los servicios de estas plataformas al menos una vez durante el último año, un dato que nos da una idea de cómo se han hecho un hueco en España y sobre todo,  de cómo se han normalizado por los usuarios.  Las aplicaciones que más polémica han desatado y que parecen haberse alejado más de lo que era en un principio  el concepto de Economía Colaborativa,  son Uber (Servicio similar al de un taxi pero más económico) y AirBnb (Alquiler de pisos o apartamentos particulares como alojamientos turísticos). Su fuerza se basa en que se encuentran a solo un click de distancia del móvil de cualquier ciudadano y su fácil uso.

 Tanto Uber como  AirBnb han desatado las protestas de sus respectivos sectores, acusadas de  competencia desleal,  y han puesto en jaque a la Justicia,  por la falta de  una  legislación clara  aplicable,  ya que como tantas otras veces ha ocurrido a lo largo de la historia, las leyes  se han visto sobrepasadas  por una tecnología que avanza a pasos agigantados, de hecho son varios ya los casos en los que jueces piden el amparo de los Tribunales Europeos para aclarar jurisdicciones y legislación aplicable.   Ambas plataformas reciben críticas por motivos muy parecidos, se las acusa de no cumplir con los mismo requisitos que se le exigen a  las empresas “tradicionales”  o de no estar sujetas a las mismas reglas del juego fiscal o laboral, ya que la Unión Europea ampara este tipo de empresas tecnológicas  (existe una directiva que las libera de determinadas autorizaciones o licencias).  Y es que  aunque estas empresas  operen en diversos territorios,  el grueso de sus impuestos  los tributan en países como Irlanda u Holanda, con una presión fiscal mucho más baja que por ejemplo España, donde estas compañías a pesar de su gran facturación y grandes beneficios,  solo pagan a final de año  a Hacienda cantidades irrisorias en comparación con el importante negocio que generan.  Estos problemas fiscales o económicos,  así como  la aparición de  duras  protestas, han sido comunes en ciudades tan distintas como Rio de Janeiro, Londres, Buenos Aires o Paris, por lo que la problemática sobre estas nuevas formas de “hacer negocio” parece evidente que destapan un problema global.

 El concepto de “economía colaborativa” queda en entredicho también si realizamos el ejercicio de buscar en el accionariado de estas empresas, al encontrarnos  con conocidos  fondos de inversión, multinacionales  o grandes fortunas  detrás de estas aplicaciones,  que nacieron casi de casualidad sin ni siquiera sospechar el tremendo éxito que iban a disfrutar. En el caso de AirBnb se estima que la cifra de  apartamentos pertenecientes a grandes empresas, que se exhiben camuflados como  particulares,  podría alcanzar un porcentaje del 30% del total del negocio.

 Menos polémica han suscitado plataformas como Wallapop, la aplicación para la venta de objetos de segunda mano, o BlablaCar que pone en contacto a usuarios que van a realizar un viaje de cierto recorrido,  con un usuario con coche propio que realiza el mismo itinerario. En el caso de estas aplicaciones no existen sectores ejerciendo fuerza en su contra como el sector del taxi en el caso de Uber, el hotelero o el inmobiliario en el caso de AirBnb, y parece mucho más claro  el hecho de que actúan como meros intermediarios que se limitan a poner en contacto a dos usuarios a cambio de una  pequeña prestación económica por el servicio de intermediación.

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